Columnistas | Panorama ProvincialJueves, 5 Diciembre, 2013 - 07:40

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Poner coto a la extorsión

Por Ariel Brizuela (*)

El estallido social en Córdoba mantuvo en vilo al país durante un día y medio hasta la madrugada de ayer.
Cientos de delincuentes arrasaron por las calles amparados en la noche, aprovechando el acuertalamiento policial en reclamo de mejoras salariales.
Se vivieron momentos de angustia en la población a causa de los numerosos saqueos en supermercados y negocios en varios puntos de la ciudad.
Como resultado de las refriegas de vecinos que resistieron y los maleantes, varias personas fueron heridas, un joven falleció tras recibir un balazo y un hombre de 85 años se descompensó y murió -seguramente de impotencia- mientras robaban en su casa.
Repudiable desde todo punto de vista por supuesto que bajo la excusa del "hambre" se hayan robado motos, TV de gran porte, electrodomésticos de todo tipo, bebidas alcohólicas, ropa de alto valor, entre otros elementos suprefluos, y que se hayan destruído vidrieras, casas de comercios y viviendas de pura pillería.
Hay promesa oficial que se castigará -con la ayuda de las cámaras de seguridad que registraron los saqueos- a los vándalos.

 

Un mensaje negativo
Se podrá discutir si la policía -servicio  esencial si lo hay por parte del Estado- puede o no hacer paro, pero lo cierto es que el gobierno de Córdoba tuvo que ceder a sus pretensiones antes que los "chorros" y aprovechadores quemen toda la ciudad.
Más allá de cuestiones políticas y el vergonzoso aprovechamiento político que se pretendió hacer de este lamentable suceso, hay un hecho objetivo: el gobernador de la docta, José Manuel de la Sota cedió ante el chantaje de su propia fuerza de seguridad.
No tuvo más remedio que aceptar las condiciones -salvo algún tema menor- de los trabajadores de la fuerza policíaca.
Sin dudas que el antecedente no es bueno. Si un gobierno da un paso atrás ante el literal  apriete de sus subordinados, ¿qué se puede esperar de los ciudadanos comunes que demandan cosas?

 

Nosotros, ahí
Ahora bien, ¿qué tiene que ver con Catamarca lo que sucedió en la vecina provincia?
Que desde hace años, a causa de haber generado un sistema prebendario, los gobiernos son sometidos a situaciones extorsivas por bandas de punteros y manifestantes "profesionales" que viven de la dádiva.
Mientras hay personas que con iguales o mayores necesidades esperan pacientemente la visita del asistente social o del agente sanitario, otros toman las calles por su cuenta y usan la metodología de la extorsión para lograr cosas.
Desde el gobierno ya se anunció que bajo presión no negociaba con nadie, sin embargo hay áreas que enviaron mensajes contradictorios y se sientan a negociar con los usurpadores de tierras y viviendas, con los piqueteros de Desarrollo Social, con los corta rutas, con los que queman neumáticos, con los que impiden el tránsito a los otros ciudadanos.
En las redes sociales se pide a gritos que "los legisladores elaboren leyes que castiguen el saqueo, el pillaje, el robo, todos los estragos que se imponen como “reclamos”, las usurpaciones de viviendas, los cortes de calles y rutas. La inacción, la contemplación es imperdonable...".
El mensaje es claro. El ciudadano común quiere tranquilidad, quiere vivir en paz. Seguramente tiene conflictos y apremios económicos y la necesidad de una casa, pero no sale con pancartas, no carga un botella de alcohol ni garrafas para hacer explotar, ni se mete en propiedad privada como sucedió la semana pasada en el complejo habitacional Antinaco, en el sur de la ciudad.
Urge se habilite el Registro Unico de Beneficiarios Sociales. De ese modo, los que ya recibieron y vendieron sus colchones o cuchetas no podrán recibir otro módulo. El que tenga vales Pro-Familia tendrá que dejar pidiendo "bolsones", que no tenga la antigüedad necesaria, deberá esperar su turno de adjudicación en la Vivienda.
El mensaje debe ser firme. Tanto para la sociedad que repudia la injusticia que se comete cada vez que se postergan sus sueños porque "la prioridad la tienen los que hacen lío", como hacia dentro, a los funcionarios que no quieren "ruido" y apañan con su presencia situaciones de violencia.
Si alguien ocupó una vivienda que es de otro que hace años espera, tiene que producirse la correspondiente denuncia penal y se debe axigir a la Justicia que obre de manera urgente en consecuencia.
Que se cumpla la ley, fuera de ella, nada. Y eso implica excluir de todo beneficio al infractor.
Sin medidas aleccionadoras no estaremos lejos que cuando -ojalá que nunca- nuestra policía se desacate, quedemos a merced de estos bandidos que hoy toman por asalto un barrio o ponen contra la espada y la pared en la previa en cada eleccíon a los funcionarios de turno y las consencuencias la sufre la gente que se levantan a las 6 a trabajar sin chistar.

 

Poner orden a las protestas
No se pretende cercenar el derecho de todo ciudadano a manifestarse, pero hay que poner orden.
Por eso reitero que sería oportuno antes que pierda estado parlamentario en 2014, aprobar la iniciativa del diputado Hugo Argerich que aborda la problemática del derecho propio con el ajeno.
El proyecto es para reglamentar el derecho a manifestarse, pero sin molestar a los demás. Es decir, no prohibir las manifestaciones ni  demandas sociales, pero que quede en claro que no está permitido entorpecer el libre tránsito de los demás.
Queda mucho por hacer. El desafío de construir una sociedad más civilizada es de todos, y el primer paso es comenzar a respetarnos.
Y eso incluye dejar de generar zozobra inútil e interesada con fines mezquinos y sectoriales. Esto con referencia a los mensajes de texto que ayer circularon convocando a una supuesta movilización policial para hoy. No hay ningún malestar ni reclamo salarial ni nada que se le parezca a Córdoba. La Policía de Catamarca está en orden y respondiendo a sus mandos.
Sin embargo, al parecer, los mismos irresponsables de siempre que ya exarcerbaron con mentiras el clima social por la inseguridad en la previa de las elecciones volvieron a las andadas. Para ellos debería haber una lección.

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