Columnistas | Panorama JudicialDomingo, 16 Octubre, 2016 - 23:20

Corrupción S: ex-DGA de Salud podría ir a la cárcel

Se trata de Daniel Pérez, quien fue subsecretario de Administración durante la gestión de Alejandro Collia. Lo complican escuchas telefónicas. Desde la Fiscalía de Delitos Complejos admiten que podría haber cumplido un rol clave en millonarias estafas

La Justicia platense avanza en la investigación en la que tiene en la mira a una presunta asociación delictiva enquistada en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli para cometer estafas millonarias. No se descarta que, luego de algunas diligencias judiciales, pueda quedar imputado Daniel Pérez, exsubsecretario de Administración de esa cartera, y expareja de la exdirectora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía.

Fuentes tribunalicias le confirmaron a  diario Hoy que a Pérez lo complican escuchas telefónicas, pero que no alcanzan para configurar una prueba para imputarlo. Sin embargo, no se descarta que el exsubsecretario de Administración del Ministerio de Salud haya sido parte de una banda conformada entre funcionarios y empresarios para estafar al Estado bonaerense.

De hecho, la exdirectora general de Administración, Beatriz Priolo, quien respondía directamente a Pérez, es una de las hasta ahora nueve personas imputadas por el fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI nº 8 de Delitos Complejos de La Plata.

Desde esa fiscalía, en diálogo con este medio, explicaron que “la causa está en pleno proceso y se cuenta con varios elementos”, y que “Pérez podría terminar en prisión. Él era el jefe de todos los funcionarios imputados. Es indudable que avalaba todos los negociados que se hacían con facturas truchas. Es poco creíble que no supiera lo que hacían sus subordinados”.

En tanto, otra cuestión que no pasa desapercibida es que ni bien Paolini comenzó a ordenar allanamientos y detenciones, Pérez se “borró olímpicamente” y se mudó a España. Y aunque en ocasiones fue visto en La Plata, su presencia en la ciudad habría sido esporádica, y dicen, que habría hecho inversiones comerciales con testaferros.

Como se recordará, la Justicia local dispuso el 20 de septiembre pasado la prisión preventiva de tres de los nueve imputados de esta causa, que tendría vínculos con la mafia de los medicamentos y el robo de remedios oncológicos de alto costo en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El empresario farmacéutico Leandro Paci, el dueño de una imprenta, Víctor Shama, y un empleado de la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud que conducía Alejandro Collia, Hernán Azzarri, ya estaban detenidos pero ahora quedaron con prisión preventiva acusados de fraude a la administración pública y asociación ilícita.

De acuerdo al expediente judicial, “los imputados lograron sustraer distintas sumas de dinero en concepto de pagos de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones y del hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde se acordó la confección de al menos cinco expedientes licitatorios falsos por distintas compras que habría de efectuar el citado Ministerio para la Subsecretaría, con el objeto de justificar de tal modo el pago de importantes sumas de dinero a determinadas empresas a las cuales era direccionada la compulsa de antemano”.

Vínculos con las causas del IOMA

Mientras tanto, continúan prófugos en forma escandalosa el exsubsecretario de Atención de las Adicciones, Carlos Sanguineti, y una estrecha colaboradora, Viviana Calegui.

En diálogo con diario Hoy, el fiscal Paolini dijo: “El Juzgado de Garantías y la Cámara avalaron mi pedido de detención de Sanguineti y Calegui. Hay un doble conforme, por lo tanto no están a derecho”.

La investigación se inició por un caso que fue revelado por este medio el 6 de diciembre de 2011. Todo comenzó cuando salió a la luz que un afiliado, quien había fallecido de cáncer, aparecía en el sistema informático del IOMA con tratamientos activos. Además, estaban registrados pacientes con terapia oncológica a los cuales se les cargaban drogas que sus médicos nunca les habían indicado.

Al tirar del hilo, Paolini detectó vínculos entre la causa del IOMA e irregularidades en el Ministerio de Salud. Es que allanaron la casa de Paci, en un country, y hallaron licitaciones adulteradas. Ese fue el paso inicial de este proceso, que, como afecta al poder político, se transforma en complejo.

“Entramos con Pérez, vamos a ver cómo la piloteamos”

En poder del fiscal Jorge Paolini hay escuchas telefónicas que dejan muy mal parados a los imputados y al ex-DGA del exministro Alejandro Collia, Daniel Pérez.

En los audios identificados se encuentran registradas conversaciones entre Leonardo Paci y su socio Víctor Hugo Casares, en las que se puede oír: “Entramos con Pérez (por el subsecretario de Administración del Ministerio de Salud), vamos a ver cómo la piloteamos. Es probable que la primera no nos la den (en alusión a la primera licitación), pero todo lo demás es para Pérez, directamente, ¿entendés?”, dice Paci. “Buenísimo”, interrumpe Casares. Y Paci continúa: “Es probable que la primera, que es la de pintura, de noventa y tres, no nos la den, yo igual la pedí (en alusión a la licitación que corrió por expediente 2899-2043-13)”.

Las penas podrían llegar a 10 años

Hasta el momento se habría comprobado una suma de 500.000 pesos que salió de las arcas provinciales para adquirir insumos que nunca llegaron a destino. La firme sospecha es que los procesados armaban expedientes falsos por compras que nunca se hacían, con la sola finalidad de quedarse con el dinero.

La Justicia entendió que hay evidencias y pruebas suficientes como para sospechar que se está ante los delitos de “asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que establecen penas de hasta 10 años de prisión, y 15 en el caso del jefe de la organización”, le dijo a Hoy el fiscal Jorge Paolini, de la UFI nº 8.

Se detectaron expedientes truchos con la compra de variados elementos, desde pintura, membranas para techo y hasta tóner para impresoras, que habrían sido armados con la sola finalidad de sustraerle dinero al Estado”, explicó un vocero judicial.

Fuente: Hoy en la noticia

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