Columnistas | Panorama JudicialDomingo, 4 Diciembre, 2016 - 23:35

La Justicia de Jujuy volvió a rechazar pedidos para liberar a Milagro Sala

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy rechazó dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el abogado defensor de Milagro Sala vinculados a las inmunidades de los legisladores del Parlasur y al auto judicial de prisión preventiva emitido contra la dirigente el 28 de abril.

Las resoluciones fueron emitidas por la Sala Penal II, integrada por los jueces Laura Lamas González, José del Campo y Federico Otaola, desestimando los recursos de inconstitucionalidad presentados por Luís Paz, abogado defensor de Milagro Sala, según informó el Poder Judicial de Jujuy. El primer recurso pretendía que se declaren nulas las resoluciones de enero en las que se ordenó la detención de Sala y su prisión preventiva, ya que considera que la dirigente cuenta con inmunidad de arresto por imperio del artículo 16 de la Ley Nº 27.120 y demás normas concordantes, referido a las inmunidades parlamentarias.
Paz pretendía que se declare nula la orden de detención de su defendida y su prisión preventiva porque consideraba que Sala contaba con inmunidad de arresto. Sin embargo, el Tribunal consideró que la inmunidad prevista en la normativa internacional se encuentra delimitada a la opinión en ejercicio de sus funciones, y agregó que "las inmunidades reconocidas por la Constitución Nacional para los integrantes del Congreso no podrán extenderse por una ley linealmente a supuestos no previstos por los constituyentes".

La orden de detención dispuesta por el juez e Control no se originó en las opiniones y votos emitidos por Sala en ejercicio de sus funciones -que nunca llegó a ejercer-, por lo cual se pronunciaron por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido por Luís Paz.
En ese sentido, los jueces señalaron que la calificación legal de los delitos atribuidos a Sala -asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión- encuadran en el supuesto contemplado en el Código Procesal Penal que expresamente faculta al juez a proceder al dictado de la medida cuestionada.

Para el tribunal, existen indicios concretos de peligrosidad procesal, ya sea porque puede existir el peligro de fuga de la imputada, como así de obstaculización del curso del proceso, pudiendo afectar, con su accionar, el descubrimiento de la verdad real. También, valoraron que la envergadura de la prueba colectada, su pertinencia y relevancia ha logrado alcanzar el grado exigido por el Código Procesal Penal para dictar la prisión.

Además, sostuvieron que se advierten otras circunstancias que llevan a concluir que la libertad de la imputada conllevaría no solo el riesgo para asegurar que el esclarecimiento del hecho sino también peligro para los testigos por las actitudes intimidatorias que han debido, supuestamente, soportar, aun cuando la imputada se encontraba sometida a las medidas de coerción de la libertad.

"Todos los declarantes fueron explícitos y contestes en manifestar el temor fundado que le tenían a la prevenida nombrada y sus secuaces. Estas personas describieron en sus declaraciones que Sala, no sólo los coaccionaba con quitarles los planes sociales, horas de capacitación, viviendas y las obras de las cuales dependían el sustento diario de sus familias, sino que también, citaban hechos delictuales perpetrados oportunamente por ella misma y sus secuaces, y estas circunstancias denotaban la posibilidad de concreción de dichas amenazas", explicó el tribunal.
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Infobae

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