Política

El Gobierno nacional anuló el decreto que posibilitaba frenar los despidos masivos

El mismo había acordado con la CGT y quedó en desuso por falta de reglamentación. El espíritu del decreto era habilitar las instancias de diálogo previas a las cesantías.

A dos meses de su publicación, el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que firmó el presidente Mauricio Macri para implementar el bono de $ 5.000 y que incluyó un mecanismo para frenar los despidos, pero esta segunda parte quedó en desuso por falta de reglamentación por parte del Ministerio de Producción y Trabajo.

La falta de reglamentación por parte del Ministerio de Producción y Trabajo y la hasta ahora nula predisposición a darle uso a esa herramienta impidió el emplazamiento de mesas de negociación con participación de las empresas y los sindicatos de cada rubro para encontrar salidas alternativas a las cesantías.

Ese sistema, que en teoría regirá hasta el 31 de marzo, y el bono fueron los compromisos asumidos por el Gobierno para disuadir a la CGT de convocar a un quinto paro nacional.

La inaplicabilidad del segundo capítulo del DNU 1043/18 fue corroborada en las áreas técnicas de la cartera que encabeza Dante Sica, así como entre abogados laboralistas de empresas y sindicatos. De hecho los funcionarios llegaron a enviar a gremios y cámaras empresarias un borrador de reglamentación antes de fin de año pero finalmente optaron por condenar a la normativa al olvido.

“El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”, se quejó Héctor Daer, cotitular de la CGT y uno de los responsables de la negociación con el Gobierno y las cámaras patronales del DNU. Los especialistas y dirigentes consultados dijeron no tener datos de una convocatoria de Producción y Trabajo a rediscutir un despido bajo el amparo de la normativa.

Procedimiento

El decreto, publicado en el Boletín Oficial  el 12 de noviembre pasado, estableció “un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y  Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva”.

La nueva instancia administrativa intentaba además cubrir un bache normativo respecto de las cesantías individuales dado que para los despidos masivos la legislación vigente contempla la obligación para las empresas de solicitar antes la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. Esa herramienta, sin embargo, también cayó en desuso en casos recientes como el cierre de Cofco, en Valentín Alsina o los despidos en Télam o en Deutz.

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