Política

Preocupación de empresas estatales y gremios por la quita de las asignaciones familiares

Representantes de ambos sectores avanzarán de manera conjunta e individual con reclamos administrativos y judiciales para que el Gobierno nacional dé marcha atrás con la medida. Aseguran que en Catamarca son 500 las familias afectadas.

Mediante una resolución interna, ANSES dispuso que los trabajadores que pertenecen a las empresas que tengan participación estatal mayoritaria dejen de percibir los beneficios que se encuadran en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Por este motivo, las autoridades de las empresas provinciales afectadas y representantes de los gremios que  nuclean a los trabajadores perjudicados se reunieron para avanzar en medidas conjuntas que le den fuerza a las presentaciones administrativas y judiciales que vienen realizando ante esta medida que calificaron como “inconsulta, ilegítima y arbitraria”.

Los representantes de los gremios y las empresas consideraron que la medida “genera serios conflictos a las familias de los trabajadores y que, en todos los casos, los empleados que tienen  hijos pierden un importante ingreso de dinero para las arcas familiares”.

El SUAF tiene un carácter alimentario pero además contribuye, por ejemplo, a la compra de medicamentos o pañales; también contempla la asistencia para hijos discapacitados o la licencia por maternidad, beneficios que les son cercenados a los trabajadores de estas empresas. “Por lo tanto, ante la ilegitimidad de la medida es que se deicidió avanzar de manera individual y colectiva para conseguir que el gobierno Nacional a través de ANSES dé marcha atrás con la Resolución”, indicaron en un comunicado de prensa emitido tras el encuentro.

Entre los fundamentos legales, coincidieron en que las empresas estatales de Catamarca no son entidades de carácter público estatal nacional ni provincial, sino que son sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria regidas por la ley de Sociedades Comerciales N°19.550, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio e Inspección General de Personas Jurídicas, por lo tanto, se rigen por el derecho privado.

Además, advirtieron que la resolución de ANSES “omite citar la documentación que analiza y en la misma no existe motivación alguna ni fundamentos, solo supone que por no ser  empresas que pertenecen al sector público nacional implica que pertenecen al sector público provincial. Resultando evidente que esa resolución es arbitraria, improcedente e infundada”.

Ante esta situación los referentes de las empresas y sindicatos locales decidieron continuar reuniéndose y avanzando en tareas administrativas  y judiciales hasta tener una respuesta favorable. También, se acordó avanzar de manera conjunta con empresas  de otras provincias que se encuentran en la misma situación.

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