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Ley de talles: la Cámara de Diputados sancionó la norma

Esta madrugada se aprobó en la Cámara de Diputados la llamada ley de talles, producto de un reclamo social que ya lleva varios años. El proyecto, que ya contaba con la sanción del Senado argentino, busca crear un "Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria" (SUNITI) correspondiente a medidas corporales estandarizadas, y por ende, accesible a todos los consumidores.

La sanción contó con la aprobación de la amplia mayoría (163 votos a favor), la cual quiso encauzar legítimamente la lucha en contra de la discriminación en los comercios, atacando a su vez, implícitamente, enfermedades como la anorexia y la bulimia que guardan una estrella relación con ello.

El proyecto encontrará aplicación desde los inicios del proceso textil: fabricación, confección, comercialización e importación de indumentaria. Cada prenda deberá identificarse, a su vez, de acuerdo con el SUNITI, y las etiquetas han de ser comprensibles para todos los consumidores, a partir de los 12 años de edad.

Finalmente, cada comercio estará obligado a colocar en su respectiva instalación, un cartel de un mínimo de 15x21 centímetros que exhiba una tabla de las medidas corporales normalizadas. Cada 10 años, el proyecto se someterá a actualizaciones a través de rigurosos controles e investigaciones.

La reglamentación impone que los comercios adopten medidas en la venta de prendas en contra de la discriminación: estarán obligados a exhibir un cartel de 15x21 centímetros, en un lugar visible, que exponga los diferentes talles disponibles. Además, deberán "identificar cada prenda de acuerdo con el Suniti”, de manera clara y entendible.

De esta manera, se busca crear un "Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria" (SUNITI); esta propuesta ya había conseguido la media sanción del Senado en (FECHA).

Este sistema apela a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria, que sea destinada para todas aquellas personas mayores de 12 años. Cada 10 años, el Poder Ejecutivo deberá realizar un estudio antropométrico de la población para tener actualizada la base de datos.

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