Columnistas | Panorama MineroMiércoles, 4 Septiembre, 2013 - 08:00

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¿Se cayó el negocio?

Por Juan Carlos Andrada

La llegada del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) para realizar trabajo de campo en el lugar donde se encuentra el emprendimiento minero denominado Agua Rica en el departamento Andalgalá disparó la polémica.
Pero, antes de abordar las facultades y excesos de las instituciones involucradas, recordemos que la temática legal y técnica (Ley de Glaciares) está atravesada por cuestiones ideológicas y políticas- electorales en el marco de las elecciones legislativas del 27 de octubre.
De todas formas, el estudio de tipo satelital en la zona de Agua Rica puede trazar una línea clara entre los políticos y especialistas que investigarán el área minera. Entre nosotros, no creo que a los profesionales del Ianiglia les interese la campaña ni los candidatos.
No obstante, entre la instancia en que entra en vigencia la Ley de Glaciares y el arribo de la prestigiosa entidad científica, hubo atribuciones institucionales que no corresponden y desconocimiento adrede de la normativa nacional por el organismo competente.  

 

Sin facultades para intimar
Recordemos que el tema tomó estado público a partir de la intimación mediante Carta Documento realizada por la municipalidad de Andalgalá al IANIGLIA por la aplicación de la Ley Nacional de Protección de Glaciares (Nº 26.639) en el territorio departamental.
Como pedir podemos pedir lo que queramos o nos preocupe, pero la comuna -a pesar de que el intendente Alejandro Páez se manejó vía Carta Documento- no tiene facultades para intimar que se cumpla la normativa en cuestión.
El jefe comunal puede solicitar que se aplique la ley, pero tiene que hacerlo por el camino administrativo existente que se encuentra normado y previsto, en este caso, la secretaría de Minería de la provincia que conduce el ingeniero Rodolfo Micone. 
El municipio tiene todas las facultades que le da la Constitución nacional y su Carta orgánica para peticionar que se haga el inventario de glaciares, pero por la vía que corresponde y no puenteando a la secretaría, organismo por donde obligadamente tiene que pasar esta acción.

 

Buscar asesoramiento
El intendente puede consultar o contratar otros profesionales, tiene la validez de la necesidad de informarse y hacerse asesorar por quien crea conveniente, pero las facultades y funciones de cada organismo están totalmente claras y definidas.
La comuna no puede pasar por arriba y obviar normativa nacional y provincial. No puede obligar a hacer  cumplir este tipo de leyes porque no tiene ese poder entre sus facultades. No obstante puede exigir que se cumpla y dirigirse en particular a la secretaría de Minería.
En contrapartida no se le puede prohibir a los especialistas (aunque sean anti-mineros) que visiten la zona para que el municipio se asesore. Es necesario que vayan y pregunten lo que quieran porque todo eso va a servir para asesoramiento interno de la comuna.
Todo esto es válido, siempre y cuando reconozcamos que el tema legal ambiental minero y, en particular, la aplicación de la Ley de Glaciares, pasa a través del organismo provincial y no como lo pretenden hacer aparecer desde el municipio andalgalense.

 

Conocen la vía, pero la ignoran
Ahora también puede pasar que el objetivo sea no llegar a nada serio sino  que se mantengan alimentando problemas sociales, manipulando opiniones desde algún lugar político institucional que ayude a enredar y no a despejar dudas. 
Hay representantes “del pueblo” que saben que el organismo por donde se debe canalizar el pedido es la secretaría de Minería, sin embargo cuanto menos claro sea lo legal ambiental mucho mejor desde el punto de vista ideológico.
Con estos principios directamente no quieren canalizar las cosas en forma real sino armar una bola que vaya creciendo para que la gente se confunda.  

 

Secretaría de Minería, en falta
De esta forma es que, si bien el intendente Páez puede hacer todo lo que quiera para asesorarse, el organismo para bajar y aplicar la normativa en la provincia es la secretaría a cargo de Micone.
Es decir que a la par de que el intendente andalgalense no puede intimar al IANIGLIA por este tema, la desproporción de la atribución municipal contrasta con el hecho de que quien tendría que haber convocado a la  prestigiosa entidad científica es Minería.  
El organismo provincial está en falta porque desde que entró en vigencia la ley ya pasó un tiempo considerable, y lo cierto es que la secretaría que conduce Micone debería ya haber llamado a una inspección como lo hicieron provincias vecinas.  
Recordemos que cuando la Corte se expidió a favor de la ley, luego de que fuera judicializada, San Juan por ejemplo llamó automáticamente al IANIGLIA, se pusieron de acuerdo y le dieron toda la información que tenían.
Imaginamos que para autorizar trabajos en la zona en este último tiempo se tuvo en cuenta este tema, atendiendo que incluso el juez de Minas, Guillermo Cerda, oportunamente recordó la vigencia de Ley de Glaciares.

 

Con los estudios en la mano
En sintesis, el municipio puede contratar a quien quiera para asesorarse. El Ianiglia puede trabajar en cualquier parte del territorio argentino en temas de investigación de glaciares porque es el fundamento de su existencia. Pero, la aplicación de la ley en territorio catamarqueño en lo ambiental minero tiene que solicitarlo la Provincia.
Que la comuna andalgalense contrate expertos, que haga estudios, que trabaje con el IANIGLIA no hace más que munirse de información interna para la municipalidad.  Aquí la autoridad de aplicación es la secretaría de Minería que no convocó a los expertos, ¿Podemos saber por qué?
Estos estudios definen límites geográficos donde se desarrollan ambientes con forma periglaciar.  Importa si los recursos hídricos son afectados, en qué manera, y si pueden vincularse con la minería, decisión final que tiene en su poder el Ejecutivo provincial.
Con la investigación específica en la mano, la Provincia tendrá la información de esos ambientes, volumen del recurso hídrico que hay en la zona para definir qué sería estratégico desde el punto de vista del desarrollo y futuro de los catamarqueños.

 

¿A la deriva?

Finalmente parece que se paró la opción de compra que tenía Glencore-Xstrata por Agua Rica pues la tercera cuota de 30 millones de dolares a Yamana Gold no se pagó como estaba acordado: ¿la negociación se cayó y el proyecto está ahora a la deriva?

 

Por Juan Carlos Andrada (De la Redacción del Diario LA UNION)